Una de las características del periodismo es la heterogeneidad de los materiales de los que se nutre. Por más especialización que uno busque, incluso en un medio como GCiencia un día estás hablando de las bondades de un nuevo fármaco y al siguiente de la misión Artemis II o de los rayos crepusculares. De pronto tienes entre tus manos un caso de presunto acoso sexual en la Universidade de Vigo y te preguntas qué hacer. ¿Encaja en nuestra línea editorial? ¿Cómo lo entenderán nuestros lectores? Después recuerdas que el lema de nuestro portal es Periodismo y Divulgación, te viene a la cabeza el viejo axioma de esta profesión maltratada y lo tienes claro: en caso de duda, periodismo.
Cuento esto para que se entienda mejor lo que voy a relatar a continuación, que tiene mucho que ver con el periodismo y con la dificultad que acarrean ciertas instituciones para entender su importancia para la buena salud de una democracia, especialmente en tiempos de creciente desinformación.
Vamos por partes. El pasado 8 de abril publicamos que la Universidade de Vigo había eludido adoptar medidas cautelares contra un profesor, a pesar de reconocer en un informe interno la existencia de claros indicios de acoso sexual hacia, por lo menos, cuatro alumnas. ¿Estaba obligada a adoptarlas? Claramente no. Una vez que la alumna que destapó el caso acude a la Policía Nacional y el asunto se judicializa, la Universidad debe suspender el expediente, cosa que hizo. Nada ilegal ni irregular por ahí. ¿Qué ocurre? Que la investigación previa realizada por la instructora del informe había llegado a la conclusión de que la denuncia no solo era “verosímil”, sino que el presunto acoso estaba generalizado. “Creemos que no solo con esta alumna, sino con otras alumnas predoctorales y posdoctorales”. ¿Fue sensato mantener el profesor en el cargo mientras la justicia hacía su labor? En GCiencia pensamos que no.
No solo la omisión de medidas cautelares es discutible, porque entendemos que nada impedía a la Universidad continuar el expediente respecto al resto de las alumnas presuntamente acosadas, cuyos casos no estaban judicializados. No hay que olvidar que, basándose en el relato de distintas estudiantes, la investigación había destapado un modo de actuar común, un “patrón de conducta” del docente. “Se hace imprescindible” profesional y académicamente para las alumnas, comparte detalles de su vida privada y consigue que estas “se involucren emocionalmente con él”. Después pasa a una segunda fase, siempre según la instructora: “Contacto físico como abrazos y besos en la mejilla en un primero momento, para posteriormente crear un ambiente en el que el beso sea en la boca, poner a mano en la cintura, hacer comentarios sobre el físico…”.
En pleno debate sobre como abordar la noticia, justo antes de la publicación, tuvimos conocimiento del archivo judicial del caso denunciado por —le vamos a poner un nombre ficticio— Samira. No voy a entrar ahora en los detalles tan particulares del sobreseimiento ni en las razones que nos llevaron a continuación adelante la noticia; ya lo hizo Laura Filloy, responsable del sensacional trabajo periodístico que destapó el escándalo, en un reciente Ciencia en Confianza. Lo que voy a contar ahora tiene más bien que ver con la política informativa de una institución pagada con los impuestos de todos, de su nula capacidad autocrítica y, sobre todo, de su peculiar forma de entender el periodismo, especialmente grave en una universidad directamente relacionada con la profesión a través de su Facultad de Comunicación.
El 7 de abril, víspera de la primera noticia sobre el caso, Laura Filloy se puso en contacto con la jefatura de prensa de la UVigo para conocer su versión de los hechos y solicitar el contacto de la instructora, María del Carmen Ruiz Hidalgo. Lo que aconseja el protocolo, en resumen. Horas más tarde, nos reenvían un correo de Hidalgo en el que rechaza dar explicaciones por tres motivos: porque le parece “extemporáneo”, porque “no hay nada más que [la Universidad] pudiera hacer” cuando hay una denuncia policial y porque existe “el derecho a la presunción de inocencia del profesor”. Y en este punto se permite el lujo de regalarnos un par de consejos sobre el ejercicio del periodismo para disuadirnos de publicar nada: “Si en las actuaciones policiales queda acreditada su inocencia por falta de pruebas, creo que no se puede sacar este tema en la medida en que vulnera derechos fundamentales de presunción de inocencia, el de la intimidad y la honra del profesor en cuestión. A mi juicio, este profesor podría tomar medidas legales con todo el derecho del mundo”.
Cabe recordar que GCiencia no solo no identificó ni con iniciales al profesor que la propia Hidalgo describe como un (presunto) acosador sistemático. Tampoco dimos muchos otros datos y circunstancias que agravan y mucho el supuesto acoso sexual, pero que podrían poner en peligro su anonimato. Nos limitamos a ofrecer el contexto mínimamente imprescindible para el entendimiento de la información. Incluso nos pusimos en contacto con él para que ofreciera su versión. Pero la instructora ya nos había hecho llegar su opinión sobre nuestras intenciones, antes de que publicásemos nada: “Me parece escabroso sacar este tema si no hay ningún tipo de denuncia a posteriori. No todo vale, hay límites al derecho a la información”.
Con la noticia ya lanzada, el 9 de abril Laura Filloy solicita a la misma jefatura de prensa una entrevista con la directora de la Unidad de Igualdad e información sobre si, una vez archivado el caso por el juez y dada la existencia de otras posibles víctimas, va a seguir adelante con la investigación. Esta fue su respuesta: “Te confirmo que la directora de Igualdad no va a hacer declaraciones”. Y añade: “No se hacen declaraciones porque el procedimiento es confidencial y no está concluido”. Ante nuestra insistencia, apuntan: “Acaban de confirmarnos que no se van a hacer más declaraciones al respecto”.
Ese silencio resultó afectar exclusivamente a GCiencia. Para nuestra sorpresa, el rector eligió otro medio de comunicación para expresarse. Lo hizo el 11 de abril en uno que ni siquiera había informado del caso, en un artículo titulado Ni silencio ni linchamiento: el rector replica a sus críticos en la Universidade de Vigo. En él, y en un tono cuanto menos autocomplaciente, Reigosa se regala a sí mismo generosos elogios por su forma de actuar ante casos de “acoso” (por alguna razón se le olvidó añadir “sexual”) que no especifica. Pero me interesa especialmente detenerme en el título elegido por el rector. No a los linchamientos (al presunto acosador), silencio (depende en qué medio) y críticos. El titular —como el texto— se olvida de las presuntas víctimas, lo que en mi modesta opinión resulta revelador.
La alusión a los críticos del artículo pasó inicialmente inadvertida para mí, pero todo encajó al presenciar el Consejo de Gobierno del pasado martes, en el que el equipo del rector trató de vincular la publicación de la noticia con el proceso electoral que atraviesa a Universidade de Vigo. Nada más lejos de la realidad, como informé a una persona muy próxima al rector que me telefoneó ese mismo día, espero que con una finalidad distinta a la de averiguar la fuente. Lo dije entonces y lo repito ahora, aunque no esté ni mucho menos obligado a hacerlo: nuestra información no tiene absolutamente nada que ver con el proceso electoral. Es más: ojalá coincidiera con un momento distinto, pero tantos años de experiencia profesional me sirven para saber que las noticias tienen vida propia y acostumbran a aparecer cuando les da la gana a ellas, no a los periodistas.
El caso, que no estaba en el orden del día del Consejo de Gobierno, surgió “espontáneamente” en el turno de preguntas, para dar paso a una respuesta de Reigosa apoyada en un detallado power point; una contestación tan autoindulgente como el propio artículo en la prensa local, repleta de alusiones a las denuncias falsas y a evitar quemar a nadie en “hogueras”. Llegó después una última pregunta del decano de la facultad en la que da clase el profesor expedientado. “En las informaciones hay varios párrafos entre comillas, quiere decir que hubo una filtración. Pido que se investigue de dónde procede y se tomen las medidas necesarias judiciales, porque me parece especialmente grave”. El rector hizo suyas estas palabras y cerró la sesión la secretaria general de la Universidad, María José Bravo Bosch:“Tenemos que comprobar de dónde salió la información, pediremos a la Fiscalía que investigue”.
Está en su derecho la UVigo en investigar lo que quiera, faltaría más, pero no es una investigación interna lo que está promoviendo, sino la intervención del Ministerio Fiscal, lo que requiere una denuncia formal. Me asombra el interés del rector por desvelar el origen de nuestras informaciones, pero desde aquí se lo adelanto: no lo va a conseguir. Aunque lo desconozca, el derecho a la información —en este caso, un presunto caso de acoso sexual generalizado— está muy por encima de su curiosidad y de la de su equipo de gobierno, al igual que el secreto profesional ampara la protección de nuestras fuentes. Ningún juez nos va a obligar a revelarlas. Y si no me cree, le recomiendo la lectura del artículo 20.1 de la Constitución.
Hasta aquí el relato de un caso de presunto acoso sexual y de las dificultades que a menudo encontramos los informadores para ejercer nuestro trabajo. Ojalá optara la Universidad por la transparencia en su política de comunicación, la mejor receta para defender sus argumentos —que los tiene— y desistir de teorías conspiranóicas y de manos negras. Ojalá no dañara el periodismo libre con la persecución del mensajero ni reaccionara en los juzgados ante una noticia veraz, contrastada y respetuosa con el anonimato de todos, también de las estudiantes. Pero sobre todo, ojalá se tuviera empleado con el mismo afán en la protección de sus alumnas ante un caso de presunto acoso.
Sexual, señor Reigosa, sexual.
